El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación contra una escuela de Los Ángeles cuyas políticas han permitido que maestros y personal escolar ocultaran la identidad transgénero de un estudiante a sus padres.
La investigación se lanza tras una demanda presentada por padres, en la que se alega que la escuela contribuyó al aislamiento de su hijo, quien luego se suicidó. Según el documento judicial, la política dictada en 2019 por el gobierno estatal demócrataaconseja a los maestros y al personal permitir que los estudiantes utilicen los pronombres y baños de su elección, y les indica que "tomen en consideración la seguridad, la salud y el bienestar del estudiante al decidir si revelar la identidad de género del estudiante a los padres".
La misma escuela que acaba de ser pesquisada por el gobierno de Trump también está siendo investigada por una denuncia de una estudiante que alegó haber sido agredida sexualmente después de que funcionarios del distrito ignoraran sus advertencias sobre su agresor.
Harmeet Dhillon, la fiscal general adjunta para derechos civiles del gobierno, declaró que Trump "no tolerará políticas que nieguen los derechos fundamentales de los padres" y añadió que "los padres tienen un derecho fundamental al cuidado, la custodia y el control de sus hijos, incluido el derecho a dirigir su crianza y educación".
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Qué alega la demanda presentada por los padres
La demanda presentada Kathleen Mulligan y Andrew Parke, padres del adolescente Dylan, quien murió por suicidio el 1 de marzo de 2024, sostiene que la muerte puede remontarse al año escolar 2019-2020, cuando Dylan, entonces estudiante de segundo año, informó al personal escolar sobre sus planes de declararse transgénero y ser llamado “Aria”.
El escrito alega que la escuela no informó a los padres de Dylan sobre el asunto y puso en marcha un plan que le permitió usar pronombres preferidos y lo conectó con un terapeuta, una decisión que facilitó la separación de Dylan de su familia.
"La política de secreto aisló a Dylan en lugar de ayudarlo. No amplió el acceso educativo ni redujo el estigma; en cambio, lo separó de quienes estaban mejor preparados para abordar su angustia y riesgos de salud mental, privándolo de la estabilidad que brinda la participación de los padres", sintetiza la demanda.
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