Brasil profundiza su crisis fiscal bajo Lula: el déficit vuelve a dispararse y llega al 10% del PBI

El gobierno de Lula da Silva enfrenta serias dificultades para ordenar las cuentas públicas de Brasil, en un contexto marcado por déficits fiscales persistentes y un desequilibrio que vuelve a encender las alarmas sobre la sostenibilidad de la política económica del país.

Un gráfico elaborado por Econométrica, sobre la base de datos del Tesoro brasileño y el Banco Central, muestra la evolución del resultado fiscal de Brasil entre 2011 y 2026, medido como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). La serie exhibe varios años de fuertes números negativos y refleja la dificultad de las distintas administraciones para mantener las cuentas públicas bajo control.

El dato más preocupante es que el desequilibrio fiscal continúa siendo un problema estructural, pese a las promesas de responsabilidad presupuestaria y de recuperación económica del actual gobierno. La persistencia de resultados negativos plantea interrogantes sobre la capacidad de Brasil para contener el gasto, mejorar la calidad de sus finanzas públicas y recuperar la confianza de los inversores.

Para Lula, el frente fiscal representa uno de los principales desafíos de su gestión. El aumento de las erogaciones estatales, las dificultades para compatibilizar las promesas de gasto con los ingresos disponibles y la necesidad de sostener la actividad económica mantienen bajo presión la política presupuestaria.

Lula insiste con el gasto mientras crece la presión sobre las cuentas públicas

La situación se vuelve todavía más delicada al observar las proyecciones y los indicadores de deuda. Según el relevamiento Prisma Fiscal del Ministerio de Hacienda brasileño, actualizado en octubre, el mercado elevó su estimación del déficit primario del Gobierno central para 2026 a 53.048 millones de reales. Además, la previsión de deuda bruta del Gobierno general subió al 83,4% del PBI.

La presión también llegó a los mercados financieros. El 26 de octubre, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, anticipó que el Gobierno buscará un superávit primario efectivo mayor en 2027, en medio de las preocupaciones de los inversores por la situación fiscal y la perspectiva de reelección de Lula. La tensión obligó al Tesoro a cancelar subastas de deuda previstas y realizar recompras extraordinarias para estabilizar el mercado de bonos, según Reuters.

El modelo económico de Lula, bajo la lupa

El gráfico histórico muestra que Brasil ya atravesó episodios de fuerte deterioro fiscal, especialmente durante la pandemia de 2020, cuando el saldo llegó al -11,6% del PBI. Sin embargo, la trayectoria reciente vuelve a ser preocupante: el indicador pasó del -6,2% en 2024 al -8,1% en 2025 y al -9,9% en 2026, de acuerdo con los valores que aparecen en la imagen.

Es importante distinguir este indicador del resultado primario: la serie del gráfico refleja un resultado fiscal más amplio, que incluye el impacto de los intereses de la deuda, mientras que las cifras oficiales del déficit primario excluyen esos pagos. La comparación permite observar el deterioro del saldo general, aunque no debe confundirse con las metas presupuestarias específicas del Gobierno.

El balance es un llamado de atención para Brasil. La administración de Lula sigue sin despejar las dudas sobre la sostenibilidad de sus cuentas públicas, mientras los costos de la deuda y la presión del gasto condicionan el margen de maniobra del Estado. En un contexto de incertidumbre política y financiera, el desafío del Gobierno será demostrar que puede pasar de las promesas fiscales a resultados concretos.

El problema no se limita a un ejercicio presupuestario puntual. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) advirtió que el resultado fiscal de 2025 fue insuficiente para estabilizar la deuda pública, pese a que formalmente se encuadró dentro de la regla fiscal tras aplicar los ajustes permitidos. La deuda bruta aumentó del 76,3% al 78,7% del PBI durante ese año, según el informe del organismo.

Estas cifras ponen en cuestión el rumbo económico de Lula, cuya administración debe demostrar que puede controlar el crecimiento de los compromisos estatales sin depender de nuevas medidas de recaudación ni de ajustes contables para presentar resultados más favorables.