Acorralado ante la perspectiva de una derrota categórica en la segunda vuelta presidencial, el régimen autoritario de Luiz Inácio Lula da Silva ha puesto en marcha un desesperado plan platita mediante el uso electoral de los recursos públicos de Brasil. A tan solo 16 días de la definición en el balotaje, la administración socialista anunció un agresivo paquete de subsidios enfocado en los combustibles, cuyo impacto fiscal total asciende a la astronómica cifra de R$ 5.200 millones (US$ 1.042 millones) sobre las cuentas públicas durante un período de 1 mes (30 días).
Esta escandalosa maniobra presupuestaria, financiada según el oficialismo con ingresos petroleros extraordinarios de la Unión para garantizar una supuesta “neutralidad fiscal”, busca volcar recursos estatales directamente al bolsillo de los votantes en la recta final del calendario electoral, profundizando la estrategia iniciada a mediados de septiembre, cuando el gobierno petista otorgó un aumento del 15% al programa Bolsa Família para compensar la inflación acumulada desde 2023.

















