La Justicia chilena declaró culpables al lonco mapuche Juan Pichún Collonao y a otros seis terroristas por ataques incendiarios cometidos en 2021 en la región de La Araucanía, una de las zonas más afectadas por la violencia rural y el conflicto territorial en el sur de Chile.
La resolución judicial volvió a colocar en el centro del debate la situación de seguridad en la Macrozona Sur, donde durante años se registraron ataques incendiarios, sabotajes y enfrentamientos vinculados a grupos radicalizados mapuches.
Los siete acusados admitieron su participación en dos atentados ocurridos en predios rurales de Purén y Traiguén. Según la investigación fiscal, durante uno de los ataques incendiaron camiones y maquinaria agrícola, además de disparar contra efectivos policiales. En otro atentado destruyeron viviendas y galpones rurales mediante incendios intencionales.
Tras conocerse el fallo, el presidente chileno José Antonio Kast afirmó que la condena representa “un paso importante para recuperar el orden y proteger a las familias del sur”. El mandatario sostuvo además que “el terrorismo rural no puede seguir siendo relativizado” y reafirmó su política de endurecimiento de la seguridad en La Araucanía.
Miembros del grupo terrorista Coordinadora Arauco-Malleco
Desde su llegada al poder, Kast impulsó una estrategia basada en mayor presencia militar, refuerzo de las facultades policiales y endurecimiento de penas para delitos vinculados a ataques terroristas y violencia rural. El gobierno también mantuvo estados de excepción en distintas zonas del sur chileno y aumentó operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Carabineros.
Juan Pichún, uno de los condenados, fue durante años una figura vinculada a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), organización señalada en distintas investigaciones como uno de los principales grupos responsables de ataques violentos en el sur chileno.
Terroristas mapuches en la Araucanía
El conflicto mapuche continúa siendo uno de los principales desafíos internos para Chile. Mientras organizaciones indígenas y sectores de izquierda denuncian militarización y reclamos históricos no resueltos sobre tierras ancestrales, amplios sectores de la sociedad chilena respaldan medidas más duras frente al aumento de la violencia rural.
El gobierno de Kast convirtió la seguridad en La Araucanía en uno de los ejes centrales de su gestión y sostiene que la reducción de ataques y atentados depende de mantener una política firme frente a grupos radicalizados.
La sentencia definitiva contra los siete comuneros será anunciada en los próximos días, aunque el fallo ya fue interpretado por el oficialismo como una señal de respaldo judicial a la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno chileno.
