El Gobierno ingresó al Congreso nuevos proyectos que buscan endurecer la respuesta contra el crimen organizado y el terrorismo, ampliar las herramientas policiales y reforzar el control del Estado sobre las zonas afectadas por la delincuencia.
El Gobierno del presidente José Antonio Kast aceleró su agenda de seguridad con un paquete de 30 medidas destinadas a combatir el crimen organizado y el terrorismo en Chile. La iniciativa, denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), contempla reformas legales y constitucionales para fortalecer las capacidades del Estado frente a las organizaciones criminales.
Como parte de esta ofensiva, el Ejecutivo ingresó con suma urgencia al Congreso dos nuevos proyectos de ley. Uno busca establecer como delito el levantamiento de barricadas, mientras que el segundo propone crear un sistema nacional de registros de ADN destinado a facilitar la identificación de personas vinculadas con investigaciones criminales.
El presidente José Antonio Kast junto a los oficiales de la carcel La Laguna
La agenda también incluye una reforma constitucional orientada a fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Esta herramienta permitiría al Gobierno adoptar restricciones especiales en zonas determinadas cuando existan amenazas graves para la seguridad.
El nuevo régimen podría permitir restricciones sobre derechos como la libertad personal, de reunión y de comunicación y tendría una duración inicial determinada, con posibilidad de extenderse mediante autorización del Congreso. El objetivo declarado es disponer de una herramienta específica para enfrentar territorios afectados por organizaciones criminales.
Entre las propuestas también aparece la creación de un registro oficial de organizaciones terroristas y criminales, que permitiría identificar formalmente a los grupos considerados una amenaza para la seguridad nacional. El Gobierno busca además establecer mecanismos para afectar los recursos económicos de estas organizaciones y mejorar las herramientas de persecución patrimonial.
La ofensiva legislativa se suma a las medidas adoptadas recientemente en el sistema penitenciario. El Gobierno trasladó a centenares de internos considerados de alta peligrosidad al nuevo complejo penitenciario La Laguna, una cárcel de máxima seguridad equipada con más de 1.500 cámaras de vigilancia y sistemas para bloquear comunicaciones telefónicas.
La carcel chilena "La Laguna"
El Ejecutivo sostiene que el conjunto de reformas busca entregar a las fuerzas de seguridad mayores herramientas para perseguir a las bandas criminales, mejorar la coordinación entre las instituciones y reducir la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, los secuestros, las extorsiones y otros delitos graves.
Con el ingreso de los nuevos proyectos al Congreso, la administración de Kast busca avanzar rápidamente en una de las principales prioridades de su Gobierno: endurecer la política de seguridad y reforzar la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo.
