El Parlamento Europeo aprobó este miércoles una profunda reforma de la política migratoria de la Unión Europea que busca acelerar las deportaciones de inmigrantes irregulares y permitir que los Estados miembros establezcan centros de detención fuera del bloque comunitario. La iniciativa, que todavía requiere la aprobación formal de los 27 gobiernos de la UE, representa uno de los mayores endurecimientos de las normas migratorias europeas desde la crisis migratoria de 2015.
La propuesta surge en un contexto de creciente presión política sobre los gobiernos europeos para controlar la inmigración ilegal y aumentar el número de retornos de solicitantes de asilo rechazados. Durante la última década, el aumento de los flujos migratorios hacia Europa ha contribuido al fortalecimiento de partidos y movimientos políticos favorables a políticas fronterizas más estrictas.
La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió la reforma al señalar que el nuevo Reglamento de Retorno proporcionará herramientas para hacer más eficientes los procedimientos de expulsión. Según Bruselas, muchos países europeos enfrentan dificultades para garantizar que abandonen su territorio las personas cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas o que permanecen en la UE tras el vencimiento de sus visados.














