Pablo Gómez fue recientemente designado por Claudia Sheinbaum como responsable de la reforma electoral que pretende rediseñar el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, el funcionario dejó una estela de dudas y omisiones durante su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Una de las omisiones más graves fue el no detectar un sofisticado esquema de lavado de dinero operado a través de instituciones financieras mexicanas. El esquema incluía a Vector, Intercam y CIBanco. A diferencia de México, donde pasó inadvertido, este fue rastreado por autoridades de Estados Unidos.
Durante el periodo en que Gómez dirigió la UIF, no emitió ninguna alerta sobre operaciones sospechosas vinculadas a dichas entidades. Mientras tanto, fiscales estadounidenses lograron identificar movimientos financieros ilícitos por millones de dólares que habrían servido para ocultar dinero proveniente de actividades criminales.
Un perfil ideológico que genera inquietud
La falta de resultados durante su gestión en la UIF no es el único aspecto preocupante del nombramiento de Gómez. Su militancia histórica en el Partido Comunista de México ha generado alertas, especialmente por el rol que desempeñará en una reforma que afectará directamente al árbitro electoral del país.
El comunismo, como ideología, es base de múltiples regímenes autoritarios del siglo XX, responsables de censura, persecución política y represión de libertades. Que una figura con ese trasfondo ideológico sea elegida para liderar una reforma electoral de tal envergadura, despierta serias dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno de Morena.
¿Reforma electoral o captura del INE?
La reforma que impulsará Gómez ha sido presentada por el oficialismo como un intento de “modernizar” las instituciones electorales. Sin embargo, la oposición advierte una posible intención oculta: debilitar al INE, desmantelar a los organismos autónomos y consolidar el poder de Morena.
Los antecedentes de negligencia frente al lavado de dinero y su ideología radical convierten a Pablo Gómez en un perfil cuando menos polémico para encabezar una reforma tan delicada. Su nombramiento no refuerza la confianza ciudadana; por el contrario, confirma los temores de que el gobierno morenista prioriza la lealtad política sobre la competencia técnica y la integridad institucional.
