Cada 9 de Julio recordamos aquella decisión extraordinaria tomada por los congresales reunidos en Tucumán en 1816. En medio de un escenario militar desfavorable, con las fuerzas patriotas retrocediendo en distintos frentes y el poder español decidido a recuperar sus colonias, aquellos hombres hicieron exactamente lo contrario de lo que aconsejaba el miedo; declararon la independencia.
No eligieron el camino de la comodidad ni de la prudencia política. Eligieron la libertad.
El Acta de la Independencia proclamó la voluntad de romper "los violentos vínculos" que unían a las “Provincias Unidas de la América del Sur” con la Corona española y recuperar los derechos de los que habían sido despojadas. El 19, el Congreso agregaría una frase que conserva enorme actualidad, la independencia debía ser "de España y de toda otra dominación extranjera".
Sin embargo, la grandeza de aquellos hombres no consistió únicamente en romper con un imperio. También comprendieron que la libertad política debía transformarse en instituciones permanentes. Por eso, mientras algunos proponían instaurar una monarquía, la histórica intervención de Fray Justo Santa María de Oro inclinó definitivamente el destino nacional. Su célebre "¡República o nada!" sintetizó la convicción de que ningún pueblo puede ser verdaderamente libre si cambia un amo por otro.
Treinta y siete años más tarde, la Constitución de 1853, inspirada por Juan Bautista Alberdi, completó aquella obra. Allí nacieron las garantías que hicieron grande a la Argentina, la defensa de la propiedad privada, la libertad de comercio, de trabajo, de prensa, de culto y la limitación del poder político mediante la división de poderes.
Pero Alberdi dejó una advertencia; podíamos liberarnos de las máquinas fiscales de la metrópoli para terminar convirtiéndonos en colonos de nuestros propios gobiernos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, cuando nos apartamos de las ideas liberales.
Durante décadas la Argentina dejó de confiar en la libertad para confiar cada vez más en el Estado. La política sustituyó al ciudadano. El gasto público reemplazó al esfuerzo privado. Los impuestos dejaron de financiar funciones esenciales para transformarse en el combustible de una estructura estatal que crecía sin límites. Se multiplicaron ministerios, organismos, empresas públicas deficitarias, regulaciones absurdas y privilegios para una clase política cada vez más alejada de quienes sostenían todo ese sistema con su trabajo.
En nombre de la soberanía se justificó el aislamiento. En nombre de la justicia social se destruyó la cultura del mérito. En nombre del Estado presente se construyó un Estado omnipresente.
El ciudadano dejó de ser protagonista para convertirse en administrado. El emprendedor pasó a ser sospechoso. El productor fue tratado como una fuente inagotable de recursos fiscales. La inflación dejó de ser una excepción para convertirse en una forma permanente de confiscación del ahorro de los argentinos.
Años nos repitieron que era imposible reducir el gasto público, alcanzar el equilibrio fiscal, bajar la inflación sin controles de precios, desregular una economía asfixiada por miles de normas, reducir el tamaño del Estado sin provocar el caos.
