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No hay libertad sin propiedad privada

No hay libertad sin propiedad privada
Imagen de Ricardo Caito Leconte
porRicardo Caito Leconte
Opinión

Cuando la propiedad se encuentra distribuida entre millones de ciudadanos libres, el poder político encuentra límites efectivos.

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Hace cinco años escribí un artículo defendiendo la propiedad privada como uno de los pilares fundamentales de una sociedad libre. En aquel momento, esa defensa parecía una posición contracultural frente al avance de ideas que justificaban una creciente intervención del Estado sobre la vida de las personas.

Hoy vuelvo sobre aquellas reflexiones porque la Argentina atraviesa un momento histórico. Después de muchos años, la propiedad privada, la libertad económica, la estabilidad monetaria y la limitación del poder del Estado han regresado al centro del debate público.

Y vale la pena recordar una verdad simple que durante demasiado tiempo fue olvidada; no hay libertad sin propiedad privada.

La propiedad privada no es simplemente el derecho a poseer bienes materiales. Es mucho más que eso. Es el derecho de cada persona a disfrutar del fruto de su trabajo, a ahorrar, invertir, emprender, construir un patrimonio y proyectar su futuro sin depender de la voluntad de quienes ejercen el poder.

Por eso nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 17:

"La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley."

No se trata de una cláusula secundaria. Los constituyentes comprendieron que sin propiedad privada no existe verdadera libertad individual, porque el ciudadano que no controla el fruto de su esfuerzo termina dependiendo de quien controla los recursos.

"La propiedad privada es el terreno en el cual las semillas de la libertad se nutren y donde arraiga la autonomía individual en que se funda todo progreso intelectual y material", Ludwig von Mises.

Ludwig von Mises
Ludwig von Mises

Difícil encontrar una definición más precisa. Allí donde las personas pueden conservar y disponer libremente del resultado de su trabajo florecen la inversión, la innovación y el progreso. Allí donde la propiedad es insegura o queda sometida al arbitrio del poder político, la libertad comienza a retroceder.

La historia ofrece ejemplos contundentes. Las sociedades que protegieron la propiedad privada lograron atraer inversiones, generar riqueza, crear empleo y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, Singapur, Finlandia, Japón, Nueva Zelanda. Por el contrario, aquellas que avanzaron sobre ella terminaron produciendo pobreza, dependencia y concentración de poder, vemos el deterioro de Haiti, Cuba y Venezuela.

Durante décadas, la Argentina se alejó progresivamente de esos principios. La inflación permanente, los impuestos excesivos, las restricciones cambiarias, las regulaciones arbitrarias y la inseguridad jurídica erosionaron la confianza necesaria para producir, invertir y crecer.

Muchas veces la propiedad no fue atacada mediante una confiscación abierta. Fue erosionada silenciosamente por la inflación que destruía el ahorro, por tributos cada vez más pesados o por regulaciones que limitaban la capacidad de las personas para decidir libremente sobre el fruto de su trabajo.

Por eso es significativo el momento que vive hoy nuestro país, en muchos años, la defensa de la propiedad privada ha vuelto a ocupar un lugar central en la discusión nacional. Conceptos como equilibrio fiscal, libertad económica, respeto por los contratos y reducción del poder discrecional del Estado han recuperado protagonismo en el debate público.

El presidente Javier Milei ha reivindicado principios que inspiraron a Juan Bautista Alberdi y a los constituyentes de 1853, la convicción de que la prosperidad surge del trabajo, el ahorro, la inversión y la iniciativa privada, y no de la expansión permanente del aparato estatal.

Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de la Constitución Argentina.
Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de la Constitución Argentina.

Naturalmente, los enormes problemas acumulados durante décadas no desaparecerán de un día para otro, pero ya las ideas de la libertad han dejado de estar a la defensiva para volver a ocupar un lugar central en la discusión sobre el futuro de la Argentina.

La discusión sobre la propiedad privada suele presentarse como un debate económico. En realidad, es mucho más que eso. Es una discusión sobre los límites del poder.

Cuando una persona puede conservar el fruto de su trabajo, ahorrar, invertir y disponer libremente de sus bienes, posee un ámbito de autonomía que ningún gobernante puede controlar completamente. Cuando ese ámbito desaparece, la libertad comienza a depender de la voluntad del poder político.

Por eso advertía Friedrich Hayek en su obra Camino de Servidumbre:

"El sistema de propiedad privada es la garantía más importante de libertad, no sólo para los propietarios, sino en el mismo grado para quienes no lo son.”

“Si todos los medios de producción estuvieran en una sola mano, fuese nominalmente la de la sociedad o fuese la de un dictador, quien ejerciese ese dominio tendría un poder completo sobre nosotros."

Extraordinaria vigencia. La propiedad privada protege a toda la sociedad porque limita la concentración del poder. Cuando el Estado controla los recursos, termina condicionando las decisiones de las personas. Cuando la propiedad se encuentra distribuida entre millones de ciudadanos libres, el poder político encuentra límites efectivos.

Hace cinco años escribía estas ideas cuando parecían alejadas del debate dominante. Hoy vuelvo a plantearlas porque la Argentina tiene una oportunidad histórica para recuperar los principios que alguna vez la convirtieron en una de las naciones más prósperas del mundo.

La batalla por la libertad no termina con un cambio de gobierno. Requiere construir una cultura que comprenda que el respeto por la propiedad privada no es un privilegio ni una concesión del Estado.

Es un derecho fundamental.

Porque, en definitiva, no hay libertad sin propiedad privada.


Temas:

Propiedad privadaLibertadPoder políticoLimites efectivos al Estado

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