Toda civilización transforma la naturaleza. Una casa reemplaza suelo virgen, un cultivo modifica un ecosistema y una represa altera el curso de un río. Incluso producir medicamentos, alimentos o energía exige intervenir sobre recursos que antes tenían otro destino. La pregunta sensata nunca fue cómo vivir sin dejar huella, porque eso sólo sería posible dejando de producir. La verdadera pregunta es qué instituciones permiten progresar haciendo responsables a quienes causan daños reales.
La discusión sobre la salmonicultura vuelve a plantear ese dilema. El gobierno de Tierra del Fuego prohibió en 2021 el cultivo industrial de salmones y Greenpeace celebró la decisión como un precedente ambiental. Cuando la provincia flexibilizó parcialmente esa prohibición en 2025, la organización denunció una “regresión ambiental”. Mientras tanto, en Malvinas avanza una consulta sobre un proyecto que contempla producir inicialmente 50.000 toneladas anuales de salmón en 16 ubicaciones.
Los riesgos ambientales no son imaginarios. La salmonicultura puede generar residuos, escapes de especies no nativas y problemas sanitarios, y Greenpeace ha documentado esos efectos durante años. En Malvinas, incluso organizaciones locales cuestionan la información disponible y reclaman evaluaciones ambientales más rigurosas antes de avanzar. Reconocer esos riesgos, sin embargo, no obliga a concluir que la única respuesta racional sea prohibir la actividad.
