Si algo caracteriza a la policía y las fuerzas de seguridad en general es su altísima homogeneidad ideológica: son todos de derecha. No obstante, no votan. No participan en el proceso electoral, esto se explica por dos razones: la primera, la ausencia de una cultura del voto, precarizados laboralmente al extremo y marginados de la vida política y la participación institucional, se acostumbraron a no votar. Nunca fueron incorporados al proceso democrático como sujetos de derechos, sino al solo efecto de actuar como sus custodios.
La segunda razón, se explica por la ocurrencia general de que los días de las elecciones deben trabajar y no les permiten votar, aunque tengan la voluntad de hacerlo las autoridades electorales no los incorporan al listado de electores de los colegios o establecimientos donde deben desempeñarse laboralmente, prohibiéndoles de esa manera la emisión del sufragio.
Vemos, entonces, como queda neutralizada la voluntad e influencia electoral de un espectro de más de tres millones de electores de derecha, sumados los aproximadamente 850.000 miembros de las fuerzas en todos los niveles de gobernabilidad y en todas las situaciones de revista, multiplicados por cuatro, por el núcleo familiar.
Hay otro factor que debemos mencionar al describir el ecosistema policial, tienen altas tasas de suicidios. Solo en la Provincia de Buenos Aires, es de cuatro a cinco veces más alta que la del promedio de la sociedad. Son más los policías que fallecen como consecuencia de suicidios, que los caídos en cumplimiento del deber. Si bien la problemática de los suicidios es multicausal, resulta claro el impacto causado por la precarización laboral en el desgaste psíquico de los policías. No obstante, nunca escuchamos a ningún organismo de derechos humanos, partido de izquierda o a los gobernadores peronistas y radicales de siempre, pronunciarse y ofrecer soluciones sobre la epidemia de suicidios policiales. La explicación es simple, no constituyen su electorado. Los suicidios de los electores de derecha no poseen relevancia para la casta.
Emerge, entonces, un interrogante, cómo revertir esta coyuntura, qué medidas serían idóneas y viables de adoptar para mejorar el proyecto de vida de las fuerzas e involucrarlas en política, de manera colectiva y orgánica, por primera vez, dentro del marco de la democracia.
La propuesta es sindicalizarlos. Un sindicato es un instrumento rector para garantizar derechos correlativos, tales como la negociación colectiva, el derecho a huelga, la tutela sindical, una herramienta para denunciar la expoliación laboral y las órdenes ilegales sin verse expuestos a sanciones o, incluso, la pérdida de la carrera.
Ahora bien, debemos enfrentarnos a una cruda verdad: no nos gustan los sindicatos, desde siempre, son parte del problema. Lo sabemos todos, y en esa línea el gobierno nacional impulsó la ley bases y la reforma laboral, tímidos pero bienvenidos primeros pasos.
Lamentablemente, no hay plan B, dada la coyuntura jurídica argentina, la única opción razonable es que el gobierno nacional otorgue la inscripción gremial a los sindicatos policiales que existen, de facto y literalmente, en todas las jurisdicciones del país. Es la única facultad que posee el ejecutivo nacional, de manera unilateral, para incidir en la cuestión.
El derecho laboral es derecho de fondo, es decir, corresponde al gobierno nacional resolver sobre la materia, art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional. Además, esta medida no implicaría ninguna erogación presupuestaria para el gobierno nacional y es un proceso susceptible de ser regulado y conducido. Lejos de una perspectiva maniquea, resulta viable el reconocimiento gradual y paulatino, con diferentes grados de cristalización, del derecho en las distintas provincias que componen al país.
