La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos positivos

Uno de los ejes principales de la reforma es el fortalecimiento del federalismo. A partir de la nueva normativa, serán las provincias —titulares constitucionales de los recursos naturales— las encargadas de determinar, con base en estudios técnico-científicos, qué áreas deben ser protegidas y cuáles pueden destinarse a actividades productivas.

En ese marco, se habilita la posibilidad de realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares que no funcionen como reguladores hídricos comprobables. Sin embargo, la ley mantiene restricciones estrictas en las áreas identificadas como sensibles, donde continúan prohibidas la explotación, la contaminación y la instalación de infraestructura industrial.

Además, todas las actividades quedarán sujetas a Evaluaciones de Impacto Ambiental, lo que refuerza los controles y asegura que cualquier desarrollo productivo se realice bajo estándares ambientales claros. La reforma también actualiza el funcionamiento del Inventario Nacional de Glaciares, que deberá ser revisado cada cinco años con información aportada por las provincias para mejorar su precisión.

Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa no implica una flexibilización ambiental, sino una corrección de una norma que, bajo interpretaciones amplias, terminó bloqueando inversiones millonarias en regiones clave como el norte y Cuyo. En particular, proyectos vinculados al cobre y al litio habían quedado paralizados por la falta de definiciones claras.

El debate también expuso la resistencia de sectores ambientalistas y de izquierda, que en las últimas horas protagonizaron protestas frente al Congreso, incluyendo actos de vandalismo.

Con esta modificación, la Argentina busca alinear su legislación con estándares internacionales, proteger efectivamente los recursos hídricos y, al mismo tiempo, habilitar el desarrollo de sectores estratégicos que pueden generar empleo, exportaciones e ingreso de divisas.