EE.UU. respalda a la Argentina y solicita desestimar las sanciones impulsadas por Burford en el juicio por YPF
Javier G. Milei y Donald J. Trump.
porRedacción
politica
La administración norteamericana se presentó ante la jueza Loretta Preska para rechazar el pedido de desacato impulsado por Burford.
En un movimiento de alto impacto político y jurídico, el gobierno de los Estados Unidos formalizó su respaldo a la República Argentina en el marco del juicio por YPF, oponiéndose expresamente a que se declare al país en desacato y a la imposición de sanciones solicitadas por los demandantes.La presentación fue realizada por el Departamento de Justicia ante la Corte de la jueza Loretta Preska, en la ciudad de Nueva York, en el marco del litigio por la expropiación de YPF. El escrito, fechado el 26 de febrero de 2026 y con una extensión de 29 páginas, representa un fuerte respaldo institucional a la posición argentina.
En el documento, el gobierno estadounidense advierte con claridad sobre las implicancias sistémicas del caso: “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”. La afirmación no es menor. Introduce el principio de reciprocidad soberana y coloca el conflicto en una dimensión geopolítica más amplia, excediendo el plano estrictamente comercial o procesal.
YPF.
El Departamento de Justicia también se refirió específicamente a los requerimientos de discovery que dieron origen al planteo de desacato promovido por el fondo Burford y otros demandantes.
En ese sentido, el escrito destacó: “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
Finalmente, el documento fue categórico en su conclusión: “La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”.
La referencia a la FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act) refuerza la tesis central: la inmunidad soberana no puede ser vulnerada mediante sanciones procesales desproporcionadas.
Desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei, el Departamento de Justicia estadounidense ha respaldado de manera sistemática la posición de la República Argentina en esta causa, marcando una diferencia respecto de etapas anteriores del litigio.
Javier Milei reconoce la importancia del Capital Humano y se ocupa de ello.
Desde la Procuración del Tesoro remarcaron: “Este respaldo pone de relieve la solidez técnica y jurídica de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino, sustentadas en principios reconocidos del derecho internacional y en el respeto a las normas que rigen las relaciones entre Estados y la inmunidad soberana.”
Además, enfatizaron el cumplimiento argentino durante el proceso de discovery: “Durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas.”
Y agregaron un dato clave para la defensa oficial: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.”
El volumen —más de 115.000 páginas entregadas— constituye uno de los argumentos centrales del Gobierno para demostrar cooperación y descartar cualquier conducta obstructiva.
En los últimos días, la Argentina solicitó la suspensión del discovery ante la jueza Preska. Tras la negativa del tribunal, el Estado argentino inició el proceso de apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
Las partes ya han presentado sus argumentos dentro de los plazos estipulados por el tribunal. Desde la defensa argentina expresaron su confianza “en la razonabilidad del tribunal para rechazar un planteo desproporcionado e improcedente.”
Actualmente, el proceso atraviesa una instancia decisiva. Se aguarda una decisión sobre la apelación de fondo, mientras permanecen pendientes otras dos apelaciones vinculadas a la entrega de las acciones de YPF y al propio proceso de discovery.
Desde la Procuración del Tesoro señalaron además que “el apoyo recibido a nivel internacional y la reacción natural de los mercados sobre la expectativa de la resolución del litigio confirman los fundamentos de la estrategia trazada por la defensa argentina.”
El apoyo explícito del gobierno estadounidense no solo refuerza la posición jurídica argentina, sino que introduce una señal política clara en el escenario internacional: la administración norteamericana reconoce la validez de los argumentos soberanos invocados por el Estado argentino.
En un litigio que podría tener consecuencias multimillonarias y que impacta directamente en la estabilidad financiera del país, el acompañamiento institucional de Estados Unidos fortalece la estrategia adoptada por el Gobierno y consolida la narrativa oficial de que la defensa se encuentra sólidamente fundada en derecho internacional y en principios de inmunidad soberana.
