El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva desregulación clave para reducir costos, simplificar importaciones y terminar con trámites duplicados en la comercialización de pilas y baterías primarias, productos de uso cotidiano presentes en relojes, juguetes, controles remotos, calculadoras, linternas y miles de artículos electrónicos.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 1/2026 de la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo esquema reglamenta los cambios introducidos por el Decreto 431/2025 a la Ley de Energía Eléctrica Portátil N.º 26.184.
La importación de pilas y baterías con menos burocracia significa la disminución de costos para muchas industrias.
El Estado dejó de exigir autorizaciones previas para importar y comercializar pilas y baterías, y pasa a un sistema basado en declaraciones juradas de conformidad, acompañadas por informes de ensayo o certificaciones emitidas por organismos técnicos reconocidos. Menos sellos, menos costos y controles más enfocados en lo que realmente importa.
Hasta ahora, el régimen obligaba a repetir en la Argentina certificaciones que muchos productos ya habían superado en mercados internacionales. Para el Gobierno, esa duplicación no mejoraba la seguridad, sino que encarecía bienes masivos y funcionaba como una barrera de entrada para importadores, fabricantes y comercios.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma y explicó que, si una pila ya acreditó su conformidad ante organismos técnicos reconocidos internacionalmente, la Argentina reconocerá esa acreditación sin obligar a empezar todo el procedimiento desde cero.
El funcionario también cuestionó con dureza el esquema anterior, al señalar que terminaba funcionando como un sobrecosto para productos de uso diario. Según sostuvo, detrás del supuesto objetivo de evitar la comercialización de productos con niveles peligrosos de mercurio, cadmio y plomo había, en los hechos, un sistema que beneficiaba a certificadores locales y encarecía el acceso a bienes básicos.
Federico Sturzenegger.
La nueva normativa no elimina los controles ambientales. Por el contrario, mantiene los límites máximos permitidos de mercurio, cadmio y plomo establecidos por la legislación vigente. Los productos que no cumplan con esos parámetros serán considerados residuos peligrosos y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes.
La diferencia es que el control pasará a realizarse de manera posterior, tanto documental como física, en lugar de bloquear de antemano la importación o comercialización con trámites previos. Así, el Estado busca preservar estándares de seguridad sin transformar cada operación comercial en una carrera de obstáculos burocráticos.
