El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y la Universidad Madres de Plaza de Mayo ha escalado nuevamente. Un grupo de militantes kirchneristas fue denunciado por "usurpación" del edificio ubicado en la calle Defensa 119, en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba la sede del instituto de adoctrinamiento fundado por Hebe de Bonafini, que Massa convirtió en Universidad antes de dejar el gobierno en 2023.
El conflicto se originó con la decisión de la Secretaría de Educación, más específicamente el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de revisar las universidades creadas durante la última gestión kirchnerista. Una de estas instituciones es la Universidad Madres de Plaza de Mayo, absorbida y financiada por el Estado tras el fallecimiento de Bonafini. Álvarez dispuso el cese de transferencias de recursos y el desconocimiento de las autoridades de la universidad por procedimientos irregulares.
La Justicia rechazó en dos instancias una medida cautelar presentada por la universidad y le dio la razón al Gobierno, avalando que se revise la creación y actividades de cinco nuevas instituciones universitarias, medida aprobada por el Congreso en septiembre de 2023. Hasta ese momento, la institución operaba como el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, bajo el padrinazgo político y económico de la agrupación Madres de Plaza de Mayo.
En una de sus primeras medidas, Álvarez removió a Cristina Caamaño, la ex interventora del sistema de inteligencia a quien Massa le había dado el cargo de rectora. Su designación no siguió los protocolos establecidos, y ante esta situación, Educación nombró como rector normalizador a Eduardo Maurizzio, un peronista alineado al mileismo que tiene larga data de confrontación con el curro de los derechos humanos.
