El gobierno de Javier Milei avanza con un profundo proceso de desregulación del Estado. En ese marco, Federico Sturzenegger presentó una batería de propuestas bajo el nombre de “Ley Hojarasca”, cuyo objetivo es eliminar normas obsoletas, inconstitucionales o directamente inútiles.
La iniciativa apunta a limpiar el sistema legal argentino de regulaciones heredadas de gobiernos autoritarios, estructuras burocráticas innecesarias y privilegios políticos que, según el funcionario, afectan la libertad individual y el desarrollo económico.
Las leyes que buscan eliminar por restringir libertades
Uno de los ejes centrales del paquete es la derogación de normas que vulneran derechos básicos y libertades individuales.
Entre los casos más llamativos se encuentran:
Una ley de 1951 que castigaba a argentinos por denunciar violaciones de derechos humanos en el exterior
Normativas de gobiernos militares que controlaban el papel de diario o imponían contenidos culturales
Leyes que permitían a la policía detener personas sin causa bajo la excusa de “averiguación de antecedentes”
Regulaciones que habilitaban la intervención del Estado en reuniones privadas
También se incluyen privilegios políticos explícitos, como una ley que otorgaba circulación y estacionamiento libre a legisladores, algo considerado incompatible con una democracia moderna.
Normas obsoletas que ya no tienen sentido en el siglo XXI
Otro bloque apunta a leyes que quedaron completamente desactualizadas por el paso del tiempo o el avance tecnológico.
Entre ellas:
Normas del siglo XIX con beneficios impositivos sin justificación actual
Regulaciones sobre tecnología médica reemplazadas por marcos modernos
Legislación sobre carbón mineral en un contexto de transición energética global
Obligaciones administrativas como la microfilmación de documentos, hoy totalmente superadas
Incluso aparece una ley que “autoriza la televisión en color”, reflejando el nivel de atraso normativo acumulado.
El foco en eliminar burocracia y trámites innecesarios
El proyecto también busca desmantelar estructuras estatales sin utilidad real y reducir costos para el sector privado.
Entre los ejemplos:
Obligaciones absurdas como reportar interrupciones de obras
Sorteos estatales donde la burocracia cuesta más que el premio
Fondos públicos sin impacto verificable
