El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, detalló un ambicioso paquete de derogaciones que apunta a eliminar leyes antiguas, privilegios políticos y regulaciones que afectan la libertad económica y la propiedad privada.
Legislación sobre carbón mineral en un contexto de transición energética global
Obligaciones administrativas como la microfilmación de documentos, hoy totalmente superadas
Incluso aparece una ley que “autoriza la televisión en color”, reflejando el nivel de atraso normativo acumulado.
El foco en eliminar burocracia y trámites innecesarios
El proyecto también busca desmantelar estructuras estatales sin utilidad real y reducir costos para el sector privado.
Entre los ejemplos:
Obligaciones absurdas como reportar interrupciones de obras
Sorteos estatales donde la burocracia cuesta más que el premio
Fondos públicos sin impacto verificable
Programas y premios que no se aplican o nunca se reglamentaron
Además, se apunta contra regulaciones que afectan al sector privado, como:
Restricciones a la propiedad de medios
Controles estatales sobre transferencia de tecnología
Exigencias como pedir autorización para usar mapas del país en productos comerciales
Todo esto, según Sturzenegger, genera costos innecesarios tanto para el Estado como para los ciudadanos.
El gobierno de Javier Milei avanza con un profundo proceso de desregulación del Estado. En ese marco, Federico Sturzenegger presentó una batería de propuestas bajo el nombre de “Ley Hojarasca”, cuyo objetivo es eliminar normas obsoletas, inconstitucionales o directamente inútiles.
La iniciativa apunta a limpiar el sistema legal argentino de regulaciones heredadas de gobiernos autoritarios, estructuras burocráticas innecesarias y privilegios políticos que, según el funcionario, afectan la libertad individual y el desarrollo económico.
Las leyes que buscan eliminar por restringir libertades
Uno de los ejes centrales del paquete es la derogación de normas que vulneran derechos básicos y libertades individuales.
Entre los casos más llamativos se encuentran:
Una ley de 1951 que castigaba a argentinos por denunciar violaciones de derechos humanos en el exterior
Normativas de gobiernos militares que controlaban el papel de diario o imponían contenidos culturales
Leyes que permitían a la policía detener personas sin causa bajo la excusa de “averiguación de antecedentes”
Regulaciones que habilitaban la intervención del Estado en reuniones privadas
También se incluyen privilegios políticos explícitos, como una ley que otorgaba circulación y estacionamiento libre a legisladores, algo considerado incompatible con una democracia moderna.
Normas obsoletas que ya no tienen sentido en el siglo XXI
Otro bloque apunta a leyes que quedaron completamente desactualizadas por el paso del tiempo o el avance tecnológico.
Entre ellas:
Normas del siglo XIX con beneficios impositivos sin justificación actual
Regulaciones sobre tecnología médica reemplazadas por marcos modernos
Organismos inexistentes y estructuras sin función
Otro eje clave es la eliminación de normas que refieren a organismos que ya no existen o procesos que nunca se implementaron.
Entre ellos:
Fondos públicos sin financiamiento ni actividad real
Comités duplicados o superpuestos
Programas que nunca pasaron de la etapa teórica
Estructuras creadas hace décadas sin función en la actualidad
También se incluyen decretos vinculados a organismos desaparecidos tras la crisis de 2001 o incluso anteriores.
El fin del financiamiento estatal a estructuras políticas
Finalmente, la “Ley Hojarasca” propone terminar con el financiamiento estatal de estructuras políticas y corporativas.
Entre ellas:
El Círculo de Legisladores
La Federación Argentina de Municipios
La propuesta es que estas entidades se financien de manera voluntaria por sus miembros, en lugar de depender de recursos públicos.
Un paso más en la agenda de desregulación de Milei
La iniciativa se inscribe en la estrategia del gobierno libertario de reducir el tamaño del Estado, eliminar privilegios y liberar la economía.
En línea con el DNU 70/23 y otras reformas estructurales, la “Ley Hojarasca” busca atacar décadas de acumulación normativa que frenan el crecimiento del país.
El mensaje del oficialismo es claro: avanzar hacia un modelo donde el Estado deje de intervenir innecesariamente y se concentre en funciones esenciales.
