En los últimos días, Uruguay ha dado un paso preocupante. El Senado aprobó una ley que habilita al Estado a expropiar viviendas vacías, abandonadas o con deudas. Como es usual por estos lares pseudos comunistas, la propuesta se presenta como un acto de justicia social: recuperar inmuebles que “no cumplen una función” y ponerlos al servicio de quienes los necesitan. Pero detrás de esa idea aparentemente solidaria se esconde un grave error de concepto y, sobre todo, una peligrosa distorsión del rol del Estado.
Muchos ciudadanos aplauden la medida porque creen que, si hay casas vacías y familias sin techo, lo lógico es que el Estado intervenga. Pero esa lógica es engañosa. Cuando el Estado decide meterse en el terreno de la propiedad privada, deja de ejercer una función social y empieza a jugar a ser una inmobiliaria. Y lo hace con el dinero de todos: el pago de esas expropiaciones, las reparaciones, el mantenimiento y la futura administración de esas viviendas saldrán de los impuestos de cada uruguayo.
Lo pagará la doméstica, el almacenero, el peón rural, gente que jamás habitará esas casas. En nombre de la solidaridad, se les impone financiar un sistema que no los beneficiará, sino que engordará al Estado.
Y cuando el Estado se transforma en propietario, aparece el peor de los males: el clientelismo. Las viviendas se reparten por interés político, por militancia, por afinidad. Ya hay experiencias sobradas de lo que ocurre cuando el Estado administra bienes: corrupción, favoritismo, ineficacia y desidia.
Se pierde el control, se pierden los recursos, y lo único que se gana es una nueva herramienta de poder político. En lugar de solucionar el problema habitacional, se crea un nuevo foco de desigualdad: el acceso a una vivienda dependerá de la cercanía con el gobierno de turno.
Pero el problema de fondo es todavía más profundo. Cuando un Estado empieza a cruzar la frontera de la propiedad privada, destruye la confianza. Porque el Estado siempre avanza, y el capital lo sabe. Y sin confianza ni capital no hay inversión, no hay progreso, no hay futuro.
Nadie quiere arreglar su casa, construir o comprar si teme que mañana los burócratas socialistas decidirán ampliar estas “causas” expropiatorias, con el riesgo de perderlo todo. Esos son los efectos que nunca se ven de estas medidas arbitrarias.
El rol del Estado debería ser exactamente el contrario: garantizar seguridad jurídica, dar incentivos, facilitar créditos, bajar impuestos y eliminar trabas. No expropiar. Porque expropiar no soluciona las causas del problema, solo castiga a quien produce y desalienta a quien invierte.
El argumento de que “hay muchas casas vacías” no justifica una medida que amenaza la propiedad privada. El Estado es el principal responsable de que esas viviendas estén vacías, muchas veces, por culpa de un sistema que castiga al propietario: impuestos altos, burocracia, riesgo para alquilar, trabas legales.
