En Uruguay se instaló una discusión que parece técnica, pero en realidad esconde una trampa. El gobierno plantea que, con el nuevo impuesto mínimo global impulsado por la OCDE, las empresas instaladas en zonas francas igual van a terminar pagando. “Si no lo pagan acá, lo pagan en su país de origen. Entonces, mejor que lo paguen en Uruguay”. Dicho así suena hasta lógico. Pero es un razonamiento falaz.
Primero, porque parte de una confusión básica: no es lo mismo pagar impuestos en un país que en otro. Para una empresa, que Uruguay le cobre significa encarecer sus operaciones acá y hacer menos rentable la inversión. En su país de origen, en cambio, puede tener deducciones, esquemas de reinversión o margen de maniobra para compensar. No es neutro, ni mucho menos indiferente.
Segundo, porque asume que el capital se va a quedar igual. Como si las empresas no tuvieran opción. La realidad es otra: el capital es móvil y se mueve donde haya condiciones competitivas. Si Uruguay elimina el atractivo fiscal de sus zonas francas, las empresas pueden migrar a Panamá, Chile o Costa Rica sin ningún problema. Lo que hoy es inversión, empleo y derrame económico acá, mañana puede ser nada.
Tercero, porque destruye la razón de ser de las zonas francas. Estos regímenes no son un capricho: son la única herramienta que un país chico tiene para diferenciarse frente a gigantes. Al gravar lo que estaba exonerado, Uruguay pierde su propuesta de valor. Y con eso pierde empresas, empleos calificados y la posibilidad de integrarse a cadenas globales.
