Fe de erratas. En la placa que publicamos el nombre salió mal escrito, por un error de edición. No es «Silvia Centena» sino Silvana Sentena, con ese, como figura en el digesto y en las versiones taquigráficas de la Junta Departamental de Maldonado. También corregimos el monto: la placa lo redondeó en «unos $800.000» y la cifra exacta es $835.631 al 30 de setiembre de 2026. Corregido el error, la historia se sostiene igual.
La edila y la cuenta
Sentena es edila titular del Partido Nacional por Movimiento Maldonado / Unión y Cambio. El estado de cuenta C.M. 126844 de la Intendencia, cortado al 30 de setiembre, liquida $835.631 de deuda ininterrumpida entre 2001 y 2026.
El impuesto propiamente dicho es lo de menos. El capital de Contribución Inmobiliaria Urbana es $88.267, apenas el 10,6% del total. Los recargos moratorios ($579.630) y las multas ($40.990) suman unos $620.620, el 74% de la deuda. Tres de cada cuatro pesos son castigo por no pagar.
No es la dueña
Ahora el punto central: Silvana Sentena no es la propietaria del terreno. Según el relevamiento dominial, no tiene título sobre el padrón. El predio de El Tesoro es ajeno y la familia lo ocupa de hecho.
Según ese mismo relevamiento, la ocupación empezó entre 2017 y 2020. En ese período se levantó una vivienda sin permiso de obra ante la IDM y sin declaración de mejoras ante Catastro. Por eso, para la Intendencia, el padrón sigue siendo un solar vacío: desde 2016 la cuenta carga $48.010 de Impuesto a los Terrenos Baldíos. Desde que ocupan el lote, no figura un solo ejercicio pagado.
En criollo: una casa construida en terreno de otro, que no figura en ningún registro y que no paga nada.
Quedan preguntas que la edila debería contestar en público:
• ¿Quiénes son los titulares registrales del padrón?
• ¿Saben que hay una casa en su terreno? ¿Alguien los notificó?
• ¿Con qué derecho entró la familia al predio y levantó una vivienda?
• ¿Tiene intención de iniciar un juicio de prescripción adquisitiva para quedarse con el inmueble?
Para algunos, remate. Para otros, «S/D»
El casillero de seguimiento judicial del estado de cuenta dice «S/D». En un cuarto de siglo la cuenta nunca fue elevada a Asuntos Legales: no hay embargo, ni ejecución, ni remate.
Al vecino común no le pasa lo mismo. La Intendencia ejecuta y remata padrones con deudas que promedian los $300.000, menos de la mitad de esta. La ley es pareja en el papel; la cobranza, no.
El voto y el atajo a la propiedad
El 15 de setiembre de 2026 la Junta aprobó por unanimidad, 30 votos, el Decreto 4125/2026 (expediente 664/2026). El intendente Miguel Abella lo promulgó el 22 de setiembre por la Resolución 09087/2026. El decreto:
• reliquida la contribución urbana y suburbana sin multas ni recargos, con el capital ajustado por IPC;
• para padrones con impuesto anual de hasta $25.000, no computa deudas vencidas hace más de cinco años al 1° de enero de 2026;
• para aforos mayores, prevé planes de hasta 12 cuotas mediante una comisión especial;
• rige hasta el 31 de marzo de 2027.
En una cuenta donde el 74% son recargos y multas, el decreto no es un alivio: es la desaparición de casi todo el pasivo.
Y acá se cierra el círculo. Según el artículo 2, pueden acogerse también quienes acrediten ser poseedores, aunque no sean dueños. Los recibos que salgan de esa regularización son justamente el documento que se presenta en un juicio de prescripción adquisitiva, el camino legal para que un ocupante se quede con un inmueble ajeno. Quien hoy ocupa un terreno que no es suyo puede salir de este decreto con la deuda licuada y con los papeles para reclamar la propiedad.
Sentena votó a favor. Antes había acompañado el presupuesto quinquenal 2026-2030 (Decreto 4114/2025), que subió los aforos y creó el Impuesto General Ambiental, el mismo que hoy aparece en su propia liquidación. Más impuestos para todos y perdón para el que no paga.
La cartelera oficial
El cónyuge de la edila es el cantautor y animador Betto Betto. En el último año aparece una y otra vez en la grilla de eventos organizados o financiados por la Intendencia y los municipios:
• el Ciclo Cultural Municipal de Punta del Este (octubre de 2025);
• la Semana de San Fernando (enero de 2026);
• el circuito La Pasiva–Castillo Pittamiglio (febrero);
• el cierre de «¡Piriápolis de Fiesta!» (abril);
• el Festival del 1° de Mayo en Piriápolis;
• los espectáculos en el Parque Temático Pueblo Gaucho (mayo);
• «Todos a Maldonado Nuevo» (julio);
• la 5ª Fiesta Nacional del Chorizo en Pan de Azúcar (setiembre).
No hace falta suponer ninguna ilegalidad para ver el problema. Cuando el Estado decide con plata ajena quién sube al escenario, los cercanos al poder siempre encuentran lugar en la grilla.
El problema es el sistema
Este caso no habla solo de una edila. Habla de un sistema que sube impuestos al que cumple, cobra con mano dura al que no tiene contactos y perdona en bloque al que acumuló mora. Ese mismo sistema puede terminar dándole los papeles de un terreno ajeno a quien lo ocupó sin pagar. Y con lo que recauda, paga cachets.
Pierden dos veces. Pierde el contribuyente que paga en fecha, que financia la amnistía y la cartelera oficial. Y pierde el dueño legítimo del predio, que puede ver cómo el Estado le facilita a otro el camino para quedarse con lo suyo.
La salida no es otra amnistía. Es cobrar menos, cobrarle a todos por igual, defender la propiedad privada de verdad y sacar al Estado del negocio del espectáculo.
