La Justicia Federal analiza una presunta estructura de lavado y contrabando de divisas durante el cepo, y una tía de la exlegisladora kirchnerista figuró entre los accionistas de la financiera denunciada.
Maguitur S.A., la casa de cambio ligada a la familia de la exlegisladora kirchnerista Ofelia Fernández, quedó en el centro de una causa en la Justicia Federal de Córdoba por una presunta maniobra cambiaria de US$ 500 millones durante el gobierno de Alberto Fernández. La firma, fundada por la familia Guiñazú, ya había aparecido en 2019 asociada a una tía de la exlegisladora.
La causa nació de una denuncia de Guillermo Guiñazú, integrante de la familia fundadora, quien según trascendió denunció hace aproximadamente un año a miembros de su propia familia por una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos, el contrabando de divisas, la intermediación financiera no autorizada y el fraude informático. La presentación quedó en manos del fiscal federal Carlos Casas Nóblega.
De acuerdo con la denuncia, durante el cepo Maguitur habría accedido de manera privilegiada a dólares al valor oficial mediante contactos en el Banco Central, con operaciones vinculadas a una sociedad offshore radicada en Florida, para luego venderlos en el mercado paralelo. Tras su liquidación en 2020, la actividad habría continuado de forma clandestina mediante sociedades y cuevas financieras, con posibles ramificaciones en Mendoza, Córdoba, Salta, Misiones, Bolivia, Chile, Paraguay y Brasil, y firmas como Inter Cambio SRL, Full Consulting SRL, E&D Real Investement Inc. y Aexchange Corporation.
El vínculo con la familia de la exlegisladora se remonta a 2019. Según investigaciones periodísticas de ese año, Ana María Mosso, tía de Fernández y ministra de Hacienda de Mendoza durante la década de 1990, trabajaba para Maguitur y era socia y accionista de la firma junto con integrantes de la familia Guiñazú. La madre de la exlegisladora, de acuerdo con esos informes, también había trabajado en la empresa.
Esas investigaciones consignaron además que la firma había sido sancionada por el Banco Central en 2015, con una multa superior a 1,5 millones de pesos, por no declarar sociedades y sucursales en Chile. Cuando se difundió el vínculo, Ofelia Fernández respondió que se estaba señalando a su madre por ser empleada de una casa de cambio.
Ahora la Justicia deberá determinar si existieron maniobras ilegales en el mercado cambiario y si la estructura denunciada siguió operando después de la disolución de Maguitur. La denuncia pide allanamientos, congelamiento de cuentas, pericias contables e informáticas, el análisis de comunicaciones y movimientos fronterizos y la cooperación judicial con Estados Unidos. Hasta ahora no se informó que familiares de Fernández estén imputados, y la exlegisladora no es mencionada en la denuncia. Aun así, el caso vuelve a poner el foco en el cepo del kirchnerismo, que dejó a la mayoría sin dólares y abrió una brecha que, según la denuncia, algunos aprovecharon, y une otra vez el apellido de una de las figuras jóvenes de ese espacio con una financiera bajo sospecha.
