La medida elimina el peritaje médico previo y distribuye el costo entre empleadores y el sistema público de seguridad social, en plena previa electoral.
El dictador de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprobó formalmente el jueves una medida de protección social centrada en otorgar un subsidio con baja remunerada de hasta seis meses para las mujeres víctimas de "violencia machista" o violencia doméstica que necesiten alejarse de sus empleos.
La promulgación ocurre a escasas horas de las elecciones presidenciales programadas para este domingo 4 de octubre, un contexto de alta tensión donde Lula da Silva asegura que se impondrá en primera vuelta, pese a que sondeos clave como Datafolha (39% frente al 36% de Flávio Bolsonaro), Quaest (39% ante 34%) y BTG/Nexus (42% contra 37%) ubican a ambos candidatos dentro del margen de error o proyectan una definición en segunda vuelta o balotaje pautado para el 25 de octubre de 2026.
Luiz Inácio Lula da Silva
Durante un acto oficial celebrado en el Palacio Presidencial de Planalto, en Brasilia, el jefe de Estado firmó una resolución enmarcada en la Ley Maria da Penha contra la violencia de género, alineada con un dictamen de la Corte Suprema de Brasil. La disposición elimina los controles previos al establecer como requisito único para tramitar el beneficio la presentación de una resolución judicial de alejamiento, suprimiendo el peritaje médico o revisión médica previa, un trámite que el oficialismo argumentaba que dilataba o impedía la asignación de los fondos.
En lo relativo a la estructura de financiamiento, la normativa fija una severa obligación para las empresas: durante los primeros 15 días de la licencia, la compensación salarial corre de manera directa por cuenta del empleador. A partir del día 16, la cobertura pasa a ser asumida por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
Para las trabajadoras autónomas aseguradas que cotizan en forma individual, el INSS absorberá el subsidio desde el primer día; mientras que en los casos de mujeres sin cobertura previsional o no aseguradas, la erogación recaerá de forma directa sobre las arcas de los estados o municipios por orden judicial.
En cuanto a las condiciones de acceso dictaminadas por la Corte Suprema de Brasil, la medida ratifica que no se exigirá a las solicitantes cumplir con un periodo mínimo de cotización.
Luiz Inácio Lula da Silva
Asimismo, se estableció un plazo reglamentario de 15 días para que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) configure e implemente un procedimiento prioritario y anónimo destinado a gestionar la entrega de la compensación económica.
Por parte del Ejecutivo, el anuncio fue respaldado por el abogado general del Estado, Jorge Messias, quien sostuvo que la dependencia económica constituye el mayor obstáculo para denunciar a los agresores, expresando tras la ratificación: "Ninguna mujer más tendrá que elegir entre su seguridad y llegar a fin de mes". La firma del decreto se produce sobre un grave panorama de seguridad pública en el país, que registró 1.518 víctimas de feminicidio en el año 2025, lo que representa una tasa media de cuatro muertes por día.
