Romo reaparece con espectáculo anticorrupción y termina exhibido
Víctor Hugo Romo reapareció en redes sociales con un video que presentó como parte de su “patrulla anticorrupción”. En él, acusó al actual alcalde Mauricio Tabe y a su director jurídico, César Garrido, de proteger intereses del llamado “cártel inmobiliario” en Miguel Hidalgo.
Con tono desafiante, Romo afirmó que la obra ubicada en Lafontaine 110, esquina con Masaryk, fue un logro de su administración. Dijo haber demolido personalmente el piso excedente tras detectar una irregularidad en julio de 2019. Según su versión, el proceso comenzó en marzo de 2018, cuando se ingresó una manifestación de construcción durante el gobierno de Xóchitl Gálvez.
La cronología desmiente a Romo
La versión del exalcalde no resiste el escrutinio. Para el 3 de julio de 2019, semanas antes de su montaje mediático con casco y rotomartillo, la PAOT ya había intervenido el predio. También había asegurado el folio real de Lafontaine 110 por realizar obras sin autorización.
Cuando Romo apareció ante las cámaras el 24 de julio, la irregularidad ya estaba plenamente documentada. Él no descubrió nada. Solo capitalizó un proceso en curso para simular autoridad.
Intento de deslinde sin sustento
Para deslindarse de responsabilidades, Romo señaló que la manifestación de construcción fue ingresada en marzo de 2018, bajo la gestión de Xóchitl Gálvez. Sin embargo, dicho trámite no era ilegal: establecía condiciones específicas para remodelar el inmueble.
El problema surgió cuando su administración permitió que se construyera más allá de lo autorizado. La responsabilidad de verificar y sancionar recaía en su gobierno. No importa quién recibió el papel en ventanilla, sino quién permitió que la obra se desbordara.
Las clausuras ocurrieron con Tabe
Lo más contundente contra su relato es que las clausuras reales ocurrieron después de su salida. La administración de Mauricio Tabe clausuró la obra el 23 de septiembre de 2022 y nuevamente el 17 de febrero de 2023, señalando que “no correspondía con lo autorizado”.
Ambos procedimientos fueron impugnados y el Tribunal de Justicia Administrativa retiró los sellos al resolver los juicios de nulidad. Actualmente, el predio NO está clausurado y los juicios han quedado sin materia.
Si Romo hubiera corregido algo en 2019, como presume, las clausuras en 2022 y 2023 no habrían sido necesarias. La cronología lo desmiente: la PAOT detectó la anomalía antes que él y la verdadera acción legal ocurrió en otra administración.
El show por encima de la ley
El video de Romo busca proyectarlo como justiciero frente a un alcalde supuestamente complaciente con constructores. Pero los hechos revelan algo muy distinto: un político que prefirió el show a la legalidad.
Su puesta en escena del 24 de julio de 2019, con casco y herramienta, frente a una obra en proceso, lo muestra claramente. Mientras él posaba, la construcción seguía avanzando. No fue un acto de autoridad, sino una simulación de justicia para redes sociales.
