En un nuevo capítulo judicial que reabre el debate sobre el manejo de fondos públicos durante gobiernos anteriores, el fiscal general Miguel Ángel Osorio solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que revise y anule el fallo que absolvió a ex funcionarios, dirigentes de la AFA, empresarios y directivos de fundaciones y financieras en la causa vinculada al programa Fútbol para Todos. El recurso apunta a que los jueces analicen el fondo del expediente, valoren la totalidad de las pruebas y determinen si corresponde condenar o confirmar la inocencia de los acusados por administración fraudulenta y otros delitos.
La sentencia cuestionada fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires y publicada el 11 de marzo pasado, cuando el tribunal resolvió absolver a todos los imputados tras declarar nulo el alegato fiscal. Entre los principales acusados se encuentran Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, miembros de la AFA, empresarios y responsables de fundaciones y entidades financieras que habían sido investigados por presuntas irregularidades en el manejo del programa estatal. El tribunal sostuvo en su fallo que el alegato del Ministerio Público Fiscal era nulo, debido a que —según los jueces— no se describieron con suficiente claridad las acusaciones ni las conductas atribuidas a los catorce imputados, lo que habría afectado el derecho de defensa.
De acuerdo con esa interpretación judicial, la acusación resultó confusa y carente de fundamentación, ya que no detallaba con precisión los hechos ni el rol específico de cada imputado. Los magistrados afirmaron que esta situación vulneró el principio de congruencia, que exige que las personas acusadas conozcan concretamente de qué se las responsabiliza y en base a qué pruebas. En consecuencia, concluyeron que esos defectos impedían considerar válido el debate oral, por lo que resolvieron absolver a todos los involucrados y levantar los embargos sobre sus bienes, sin analizar el fondo de la causa.
Qué pide ahora la fiscalía
El fiscal Miguel Ángel Osorio sostiene en su presentación que la decisión del tribunal fue incorrecta y que sí existieron pruebas y motivos suficientes para acusar y solicitar condenas.
Por ese motivo, pidió a la Cámara de Casación que:
Anule la sentencia del Tribunal Oral.
Valide la acusación fiscal.
Dicte un fallo de fondo respecto de los cargos.
En particular, solicitó condenas para: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Luis Segura, Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone y Natale Rigano. A quienes se les imputan delitos de administración fraudulenta y violación de deberes de funcionario público. Para el resto de los imputados, en cambio, la fiscalía pidió confirmar la absolución, al considerar que no hay prueba suficiente que permita acreditar responsabilidad penal.
En su recurso, la fiscalía defendió la validez de la acusación y señaló que cumplió con todos los requisitos legales al detallar hechos, pruebas y fundamentos para pedir condenas o absoluciones según cada acusado.
Entre los principales puntos expuestos por Osorio se destacan:
El requerimiento de elevación a juicio fue leído en el debate, lo que permitió a las defensas conocer plenamente los hechos atribuidos y ejercer su derecho de defensa.
No existió ningún cambio inesperado ni contradicción, ya que los hechos y la calificación legal se mantuvieron estables desde la etapa de instrucción hasta el juicio oral.
El tribunal, en lugar de limitarse a juzgar el fondo de la causa y decidir sobre absoluciones o condenas, interpretó la prueba asumiendo funciones propias de la fiscalía, algo que —según el recurso— la ley no le otorga.
Solo una defensa planteó la nulidad del alegato, y lo hizo sin fundamento concreto, mientras que las demás ejercieron su defensa sin alegar vulneración de derechos.
La fiscalía también subrayó que, aun cuando existieran diferencias en la forma de describir o calificar los hechos, la ley permite que los jueces realicen una interpretación jurídica distinta a la propuesta por el fiscal, siempre que se mantenga la esencia de los hechos acusados, algo que —según el recurso— se respetó en este caso.
Causa Fútbol para Todos
La investigación judicial se centró en el destino de fondos públicos por miles de millones de pesos que el Estado transfirió a la AFA entre 2009 y 2015 para garantizar la televisación gratuita del fútbol argentino y fortalecer económicamente a los clubes. La acusación principal sostenía que el dinero del programa no llegó de manera directa ni completa a los clubes, como establecía el contrato, sino que habría sido desviado hacia otros fines.
