La Constitución dice que no cobran. La realidad dice otra cosa: partidas millonarias, asesores a dedo, nafta, boletos y exoneraciones pagadas por un contribuyente al que nadie le pregunta nada.
En Uruguay hay una palabra que la política usa como coartada: honorario. Suena a vocación, a servicio desinteresado, a ciudadano que dona su tiempo a la comunidad. En la Junta Departamental de Montevideo significa algo muy distinto: un cargo sin sueldo formal, rodeado de un aparato de privilegios que ningún trabajador común podría soñar.
El artículo 295 de la Constitución establece que los ediles no cobran. En 1994 los uruguayos rechazaron en las urnas una reforma que, entre otras cosas, habilitaba a pagarles. El mensaje fue claro. La casta encontró igual la manera de darle la vuelta.
Una planilla que paga el vecino
Cada uno de los 31 ediles recibe todos los meses alrededor de $262.000 para contratar hasta cinco secretarios. Hagan la cuenta: son más de $8 millones por mes y cerca de $97 millones por año, solo en esta partida. Todo sale del bolsillo del mismo montevideano que paga una de las contribuciones más caras del país y recibe a cambio calles rotas, basura desbordada y un transporte que no funciona.
¿El control? Presentar un recibo de sueldo. Nada más. Nadie verifica qué hacen esos asesores, cuántas horas trabajan ni si parte de ese dinero vuelve al sector político que los colocó. Los propios ediles lo admiten. Algunos reconocen que buena parte de sus "secretarios" fueron impuestos por su sector y que trabajan para el partido, no para la Junta. Es decir, militancia financiada con impuestos.
Nueve por cabeza
Y no alcanza con cinco. Cada edil puede sumar hasta cuatro funcionarios públicos en pase en comisión, que siguen cobrando de su organismo de origen: un empleado de ASSE, de la Intendencia o de otro ente que deja su tarea para ponerse al servicio de un edil. Nueve personas por edil. Un edil de la Coalición Republicana lo dijo sin anestesia: "en realidad hay algunos que no hacen nada". Admitió además que dos de sus pases fueron favores políticos.
El escándalo estalló cuando un asesor pagado con esta partida fue condenado por lavado de activos. El edil para quien trabajaba no está imputado. Pero el caso dejó a la vista lo que nadie quería mirar: el sistema es tan opaco que ni siquiera está claro quién eligió a ese asesor.
Nafta, boletos y cero patente
A la planilla se suman los beneficios en especie. Vales de Ancap por hasta 250 litros de combustible al mes y hasta 720 boletos de ómnibus mensuales, repartidos en 15 boleteras. El montevideano que se toma dos ómnibus para ir a trabajar paga cada boleto; el edil reparte 720. Y encima no paga patente de su auto.
Cuando un grupo de ediles del Partido Nacional propuso el año pasado eliminar al menos el beneficio de los boletos, la iniciativa murió en silencio. Nadie en la Junta quiso resignar nada.
El Estado que se sirve a sí mismo
Nada de esto es gratis. No existe el dinero público: existe el dinero de los contribuyentes, retirado por la fuerza de sus salarios y sus comercios. Cada vale de nafta, cada boletera y cada asesor que "no hace nada" es plata que se le saca a una familia de Piedras Blancas o a un almacenero de la Unión.
Mientras Montevideo se degrada año tras año, su clase política departamental blindó sus privilegios detrás de la palabra "honorario". No es servicio público. Es un Estado que primero se sirve a sí mismo y después, si sobra, atiende al ciudadano.
La solución no requiere estudios ni comisiones: menos asesores, control real de tareas, fin de los boletos y la nafta gratis, y publicación mensual, edil por edil, de a quién se le paga y para qué. Lo que falta no es plata. Es voluntad de tocar los privilegios propios.
