Uruguay no puede seguir confundiéndose a sí mismo. Mientras el gobierno de Yamandú Orsi sostiene un diálogo abierto con la administración Trump para recibir cubanos expulsados de Estados Unidos, los datos no admiten sentimentalismos. Existen cubanos laboriosos, emprendedores y de palabra que han construido vidas dignas lejos de la isla y también aquí. Eso es un hecho. Pero este flujo no es el de migrantes que buscan trabajo ni el de perseguidos que huyen de la tiranía con las manos limpias. Es el de personas que Estados Unidos decide sacar de su territorio, y las cifras explican por qué.
El análisis de Human Rights Watch sobre datos de ICE ERO es claro y contundente. De los 4.353 cubanos enviados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026 —el contingente más numeroso de terceros países en ese lapso—:
Cerca del 72 %, por tanto, arrastraba historial criminal o procesos activos. Las condenas más frecuentes eran agresión, hurto, robo, conducir ebrio, falsificación de documentos y delitos de drogas. Apenas el 16 % del total tenía como delito más grave uno violento o potencialmente violento. Muchos habían residido décadas en Estados Unidos con green card y la perdieron exactamente por esas condenas. Cuba se niega con frecuencia a recibirlos de regreso, y por eso terminan rebotando hacia terceros países.27
Estados Unidos no expulsa al azar. Prioriza a quienes ya generaron problemas de seguridad u orden público. Existen vuelos directos a la isla que llevan a condenados por homicidio, violación, secuestro y tráfico de drogas. Cuando La Habana cierra la puerta, esos perfiles buscan otro destino. El Mariel de 1980 ya dejó una lección elemental: incluso un porcentaje relativamente bajo de delincuentes graves puede alterar de forma medible la criminalidad local. Aquí no estamos ante un porcentaje bajo. Estamos ante una mayoría con antecedentes.
Uruguay tiene 3,4 millones de habitantes. Su aparato de seguridad, salud y asistencia no está dimensionado para absorber un grupo en el que más de siete de cada diez personas ya tuvieron problemas con la justicia de una de las sociedades más exigentes del planeta. Muchos son adultos mayores con enfermedades crónicas —diabetes, hipertensión—, lo que implica costos sanitarios inmediatos y permanentes. Incorporar personas con historial penal eleva el riesgo de reincidencia, tensiona la cohesión social y siembra una desconfianza perfectamente legítima tanto entre uruguayos como entre aquellos cubanos que sí trabajan, pagan impuestos y respetan las reglas.
La diáspora cubana ha demostrado, en Miami, en España y también en Uruguay, que puede ser productiva y leal a las instituciones de los países que la acogen. Confundir a esa mayoría con un grupo seleccionado precisamente porque otro país ya decidió no tolerarlo es un error de juicio costoso. Traer deportados con esta tasa de antecedentes no es solidaridad: es importar un problema que Estados Unidos, con todos sus recursos, prefirió externalizar.
Cualquier acuerdo que avance sin vetting individual exhaustivo, sin transparencia absoluta sobre los perfiles y sin subordinar la decisión a la seguridad de los uruguayos sería una irresponsabilidad. Los datos no son ambiguos. Este flujo concreto es de alto riesgo. Uruguay tiene el derecho —y la obligación— de cerrar la puerta a quienes llegan con un historial que ya les costó permanecer en territorio estadounidense. La cautela no es xenofobia. Es el mínimo sentido de realidad que un país soberano se debe a sí mismo.
