Hay derrotas que se aceptan y derrotas que desnudan. La que sufrió el Estado uruguayo frente a once niños menonitas de Florida pertenece a la segunda categoría. Porque lo que vino después del fallo de la Suprema Corte no fue un debate. Fue una rabieta institucional.
Repasemos los hechos, porque son brutales en su sencillez. La ANEP llevó a juicio a un grupo de familias por cómo educaban a sus hijos. Perdió en primera instancia. Perdió en apelaciones. Perdió en la Suprema Corte de Justicia. Tres tribunales, informes del INAU, testimonios de los propios niños, y una conclusión que se repitió cada vez: estos chicos reciben educación, van a clase, aprueban y rinden bien. Nadie encontró un solo derecho vulnerado.
El Estado buscó una víctima y no la encontró. Entonces decidió fabricar una ley.
Mahía o la confesión involuntaria
El ministro José Carlos Mahía fue el primero en salir. Quiere derogar el artículo 127 de la LUC porque, según él, fomenta "una concepción individualista y aislada de la sociedad".
Lean de nuevo esa frase, porque ahí está todo. El ministro no dijo que los niños no aprenden, porque la Justicia le demostró tres veces que sí aprenden. No dijo que estén en peligro, porque el INAU fue, miró y descartó cualquier riesgo. Su objeción es otra: que aprendan lejos del Estado. Que una familia se atreva a educar a sus hijos sin pedirle permiso al Codicen.
Para Mahía, la libertad de los padres se llama "individualismo". La fe de una comunidad se llama "aislamiento". Es el vocabulario de siempre de quienes creen que los hijos son, antes que nada, alumnos del Estado, y recién después hijos de sus padres.
El ministro invoca "los mejores valores históricos de la educación uruguaya". Curioso, porque el más antiguo de esos valores está escrito en el artículo 68 de la Constitución: la libertad de enseñanza y el derecho de todo padre a elegir los maestros o instituciones que desee. Mahía no lo menciona. Se entiende. Es el artículo que lo acaba de derrotar.
Y hay algo todavía más incómodo. El sistema que Mahía presenta como irreemplazable es el mismo en el que más de la mitad de los niños termina segundo año sin mejoras en lectura y escritura, según datos de la propia ANEP. Un Estado que no logra que la mitad de sus alumnos avance en lectura pretende perseguir a una escuela de campo donde los chicos aprueban. No es una política educativa. Es un reflejo de poder.
Robert Silva: la LUC era buena hasta que alguien la usó
Si lo de Mahía es previsible, lo de Robert Silva es imperdonable desde su propia trinchera.
Silva presidió el Codicen durante el gobierno que aprobó la LUC. Su partido la votó. Su coalición la defendió en las calles frente a un referéndum, prometiendo libertad. Y hoy, ante el primer caso real en que esa libertad protege a una familia concreta, Silva corre a buscar votos en otros partidos para desarmarla.
Su reacción al fallo lo retrata de cuerpo entero: "Nunca pensé que la Suprema Corte de Justicia pudiera pronunciarse como lo hizo". Un senador de la República sorprendido de que la Corte aplique la Constitución y una ley que su propio partido aprobó. La pregunta es inevitable: ¿qué creía Silva que estaba votando? ¿Libertad de enseñanza de adorno, para los discursos de campaña, pero nunca para que alguien la ejerza?
Su argumento estrella es que la escuela detecta abusos y negligencias. Suena noble, hasta que uno recuerda que en este caso el control existió, lo hizo el INAU, y no encontró nada. Lo que Silva propone no es proteger a estos niños, que ya están protegidos. Es instalar como principio que todo padre es sospechoso hasta que un edificio habilitado demuestre lo contrario. Es el Estado tratando a las familias como presuntas culpables.
Y la forma elegida lo empeora. Silva no plantea un debate de frente sobre la libertad de enseñanza. Busca meter la reversión adentro de su proyecto de obligatoriedad desde los tres años. No es valentía legislativa. Es un contrabando normativo para ganar en el Parlamento lo que no pudo defender en los tribunales.
Legislar contra la Constitución
Acá está lo que ninguno de los dos quiere decir en voz alta. La Corte fundó su decisión en el artículo 68. Una ley no deroga la Constitución. Como explicó Pablo Da Silveira, uno de los autores del artículo 127, la LUC no quitó un deber constitucional de escolarizar: quitó una exigencia que chocaba con la Constitución.
Derogar el 127, entonces, no resuelve nada. Reinstala una norma de dudosa constitucionalidad y garantiza el próximo juicio. Mahía y Silva lo saben, o deberían saberlo. Y aun así están dispuestos a legislar contra la Carta antes que aceptar que el Estado perdió.
Hoy son los menonitas. Mañana sos vos.
Que nadie se confunda: esto no termina en Florida. La ANEP ya reconoció que tiene otros tres casos judiciales de educación en el hogar, y ya no son todos menonitas. El precedente que buscan reescribir no es sobre una colonia religiosa. Es sobre cualquier familia uruguaya que un día decida que el sistema estatal no está a la altura de sus hijos.
El mensaje del poder es transparente: tus derechos valen mientras no incomoden. Si ganás en la Justicia, te cambiamos la ley. Si la Constitución te protege, legislamos por encima.
