Hay información que el Estado tiene buenas razones para proteger: la ubicación de un operativo, la identidad de un testigo, el despliegue de una unidad táctica. Y hay información que el Estado protege porque le resulta incómoda. Cuánto se paga, a quién y por qué concepto en una jefatura departamental pertenece claramente al segundo grupo.
El Ministerio del Interior resolvió clasificar como reservados por 15 años los datos sobre el cobro de compensaciones en la Jefatura de Policía de Canelones. Quince años no es un número cualquiera. Es el techo que fija la Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública. El ministerio no eligió un plazo proporcional al supuesto riesgo: eligió el máximo disponible.
Lo que dice la ley
La Ley 18.381 parte de un principio de publicidad: toda la información en poder del Estado es pública, salvo excepciones expresas y taxativas. La reserva está pensada para casos en que divulgar un dato compromete la seguridad pública o la defensa nacional, o pone en riesgo la vida de una persona. Además, la ley obliga a los organismos a publicar de oficio, como transparencia activa, su estructura de remuneraciones. No se puede tratar como secreto lo que hay que mostrar sin que nadie lo pida.
Cuesta imaginar qué riesgo para la seguridad pública genera saber cuánto se pagó en compensaciones en una jefatura. Si el argumento es proteger la identidad de los efectivos, hay una herramienta obvia y menos lesiva: entregar los datos agregados o anonimizados. Reservarlo todo por 15 años no protege a ningún policía en particular. Protege la gestión.
No es la primera vez
El reflejo no es nuevo. En agosto de 2025, el Ministerio del Interior reservó por 15 años la investigación sobre los incidentes del clásico del 6 de julio, en el que una bengala náutica lanzada desde la tribuna mandó a un oficial al CTI del Hospital Policial. Ante las críticas, el ministro Carlos Negro respondió mirando hacia atrás: afirmó que en 2024, con Martinelli al frente de la cartera, se negaron 28 solicitudes de acceso a la información, casi todas por 15 años.
Ese argumento no absuelve, agrava. Si la reserva sistemática por el máximo legal estaba mal antes, no puede pasar a estar bien ahora. Lo que se presentaba como un vicio de la administración anterior se convirtió en método de esta.
Canelones, un frente sensible
El contexto hace que el secreto sea todavía más difícil de justificar. En julio de este año, el sindicato de la Guardia Republicana presentó una petición al ministerio reclamando compensaciones económicas y mejoras operativas para el Grupo de Respuesta Táctica de la Jefatura de Canelones. Según el gremio, los efectivos son enviados seguido a otros departamentos sin cobrar viáticos de alimentación ni las compensaciones que corresponden por esos traslados.
El malestar tampoco es nuevo. En 2023, el sindicato policial canario cuestionó que la Rendición de Cuentas reforzara con partidas y compensaciones especiales los sueldos de las jerarquías, y que esos fondos salieran del programa de prevención y represión del delito. Esa norma habilitaba además una "compensación especial" para hasta diez encargados a la vez, elegidos por el ministerio, que también decide cuánto cobra cada uno.
El cuadro es elocuente. Hay policías de base que dicen no cobrar lo que les corresponde. Hay compensaciones cuyos beneficiarios y montos fija el propio ministerio. Y ese mismo ministerio decide ahora que nadie pueda verificar quién cobra qué durante los próximos quince años.
A esto se suma que Canelones es, junto con Montevideo, una de las dos jefaturas con un régimen de pagos variables por cumplimiento de metas como patrullaje, tiempos de respuesta y resolución de investigaciones. Un sistema de incentivos sin escrutinio externo sobre cómo se reparte es exactamente lo que la transparencia existe para vigilar.
Lo que debería pasar
Que la decisión sea legal en la forma no la vuelve razonable en el fondo, y está por verse si siquiera es legal. La Unidad de Acceso a la Información Pública y, si corresponde, la Justicia en una acción de acceso deberían revisar si la resolución fundamenta un daño concreto o si invoca la seguridad pública como fórmula de estilo.
El Parlamento también tiene herramientas. Un pedido de informes sobre los fundamentos de la reserva, el monto total pagado en compensaciones en la jefatura y los criterios de asignación sería lo mínimo exigible.
Un ministerio que administra uno de los presupuestos más grandes del Estado, y la mayor capacidad coercitiva, debería ser el primero en abrir sus números, no el primero en cerrarlos por quince años. Cuando un ministerio esconde una planilla de pagos, la pregunta deja de ser qué hay en la planilla. Pasa a ser por qué no quiere que la veamos.
