En el marco de su ambicioso plan de privatizaciones y reordenamiento del Estado, el Gobierno nacional lanzará a fines de marzo la licitación del sistema ferroviario Belgrano Cargas, con el objetivo de que el proceso esté completamente finalizado para principios de diciembre. Así se lo informaron las autoridades nacionales a las empresas interesadas durante una de las jornadas del Argentina Week, evento que se desarrolló a mediados de este mes en la ciudad de Nueva York y que reunió a inversores y funcionarios argentinos.
Durante ese encuentro, la gestión libertaria expuso los principales lineamientos del proyecto, los plazos previstos y las estimaciones de inversión que podrían llegar al país a partir de la iniciativa, calculadas en casi 800 millones de dólares. A lo largo de la agenda en los Estados Unidos, algunos funcionarios recibieron a representantes de compañías potencialmente interesadas en competir por la operación de la red ferroviaria. Entre ellos estuvieron el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quienes mantuvieron reuniones con ejecutivos del sector en Buenos Aires y también en el marco de las actividades vinculadas al evento internacional.
La presentación oficial, realizada en el Consulado General argentino, comenzó con un diagnóstico sobre la situación actual del sistema ferroviario de cargas. Según datos oficiales, la red presenta una densidad de carga de 0,63 millones de toneladas-kilómetro por kilómetro de vía, una cifra que contrasta con los 3,40 registrados en Brasil y que queda muy lejos de los 24,20 de Australia.
De acuerdo con los gráficos exhibidos en la exposición, el sistema argentino no logra acompañar la expansión agrícola, ya que el volumen transportado por trenes se mantiene en torno a las 25 millones de toneladas anuales desde hace más de cinco décadas. Este esquema fue definido por los propios funcionarios como “un círculo vicioso” caracterizado por baja carga y recursos insuficientes para el mantenimiento, lo que derivó en una infraestructura degradada y una débil capacidad logística. Frente a este panorama, la propuesta del Gobierno presentada en los Estados Unidos apunta a modificar el modelo actual de “concesión vertical” y pasar a un sistema de “acceso abierto” (Open Access), en el cual la administración de la infraestructura ferroviaria se separará de la operación de los trenes.
El esquema planteado contempla tres ejes principales: un administrador de infraestructura encargado del control del tráfico, el mantenimiento y la asignación de turnos; operadores privados de carga que competirán por brindar el servicio pagando un peaje; y concesionarios de talleres ferroviarios que tendrán contratos de cincuenta años para el mantenimiento del material rodante. El alcance de la privatización abarca 7.594 kilómetros operativos distribuidos en las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que atraviesan 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales: Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.
En cuanto al material rodante, el Gobierno dispuso que se subaste por separado, con dos lotes de locomotoras y otros dos lotes de vagones para cada uno de los tres ramales mencionados. El contrato previsto no contempla el pago de cánones ni subsidios estatales. En cambio, el concesionario obtendrá ingresos a partir del cobro de peajes a los operadores y de la explotación comercial de inmuebles ubicados junto a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos.
