El exdiputado del Partido Nacional y presidente de la Fundación FREE, Pablo Viana, se reunió esta semana en Taipéi con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y expuso en el Ketagalan Forum sobre resiliencia democrática y guerra híbrida.
Su presencia en uno de los principales foros de seguridad del Indo-Pacífico es una excepción casi solitaria. Mientras él plantea la necesidad de cooperar con democracias frente a la coerción autoritaria, la mayor parte de la clase política uruguaya mantiene un alineamiento servil y de largo plazo con el régimen de Pekín que resulta, por cualquier estándar de soberanía e interés nacional, lamentable.
Desde 1988, cuando Uruguay rompió relaciones con la República de China (Taiwán) para reconocer a la República Popular, la tradición diplomática del país ha consistido en subordinar cualquier consideración de valores, autonomía estratégica o diversificación a las exigencias de un Estado de partido único. Esa tradición no es neutral ni inevitable: es una opción política que se ha consolidado hasta convertirse en casi dogma. La visita del presidente Yamandú Orsi a Xi Jinping a comienzos de 2026 y la declaración conjunta que reafirmó que Taiwán “forma parte inalienable del territorio chino” y respaldó los esfuerzos de “reunificación nacional” no fueron un desliz. Fueron la continuidad de una postura que ya había sido suscrita por gobiernos anteriores de distinto signo. El resultado es una clase política que, en su gran mayoría, trata el vínculo con Pekín como un hecho consumado e intocable, mientras minimiza o ignora los costos.
Dependencia económica y subordinación política
