Martín Aguirre, director de El País, no analiza la política uruguaya. La administra desde una posición que no es neutral. En su columna del 14 de junio ataca a los sectores de la oposición que exigieron ir “hasta el hueso” contra el presidente Orsi por el caso de la camioneta y luego señalaron la debilidad de sus propios dirigentes.
Los llama “foquismo de derecha”, los acusa de ensañarse con los “liderazgos propios, tradicionales y dialogantes” y advierte que dañan la democracia al rechazar la negociación.
Resulta difícil no notar que esa postura coincide con el interés de un diario que depende, como toda la prensa comercial, de sponsors y de pauta oficial de los gobiernos de turno, incluido el Frente Amplio. No es necesario asumir mala fe para ver que esa estructura de financiamiento no incentiva precisamente el cuestionamiento de fondo.
Por eso critica al oficialismo solo en superficialidades —un descuento en una camioneta, una declaración jurada— pero rara vez va al fondo: el aparato estatal sobredimensionado, el clientelismo generalizado, la educación pública que produce fracaso masivo generación tras generación, las regulaciones que ahogan la actividad privada y el gasto público que se financia con impuestos altos y deuda.
Esa es la línea que mantiene Aguirre. Prefiere la oposición dialogante, la que negocia, la que no rompe estructuras. Esa es, a su juicio, la derechita cobarde que protege.
La que tuvo cinco años de gobierno con Luis Lacalle Pou y mayorías parlamentarias suficientes para hacer reformas de fondo, pero eligió el centro. El centro que significa no tocar lo esencial, gestionar lo heredado y entregar continuidad.
No se desarmó el aparato clientelar, no se reformó de verdad la educación, no se redujo el peso del Estado sobre la economía. Se administró el sistema. Y Aguirre ahora sale a blindar esa misma lógica en la oposición actual.
No es casualidad que critique a quienes exigen ir al hueso. Esos ciudadanos no aceptan que la oposición se limite a señalar escándalos menores mientras el modelo de privilegios y dependencia estatal sigue intacto.
Aguirre, en cambio, los acusa de radicales. Y conviene preguntarse si esa lectura no está también moldeada por el hecho de que su medio, como cualquier medio comercial, necesita que el sistema no se rompa demasiado.
Empresas que obtienen contratos, beneficios y protecciones del Estado anuncian en El País. Gobiernos del Frente Amplio —y de otros colores— colocan pauta oficial que sostiene parte de la estructura. Son hechos conocidos del funcionamiento de la prensa comercial uruguaya, no una acusación puntual contra Aguirre.
Cuestionar el fondo del problema implicaría poner en discusión las condiciones que sostienen ese flujo de recursos. Tal vez por eso la columna se queda en la superficie y defiende la “negociación” y el “eje racional”.
La realidad es simple: mientras el director de El País ataque a los que exigen cambios estructurales y proteja a los que prefieren dialogar dentro del mismo marco, estará defendiendo —consciente o inconscientemente— el statu quo del que también se beneficia su propio medio.
El sistema de prebendas, gasto y control estatal que él prefiere no tocar a fondo es, también, el que sostiene buena parte del ecosistema de pauta del que vive la prensa uruguaya. Y mientras la derechita cobarde siga eligiendo gestionar en lugar de desmontar, ese sistema seguirá en pie.
Los ciudadanos que exigen otra cosa no dividen. Señalan lo evidente: cinco años de mayorías no se desperdician por error. Se desperdician por decisión ideológica de no tocar lo que sostiene el poder real. Aguirre sale a defender esa decisión, desde una posición que, vista con honestidad, tampoco es del todo desinteresada.
