En un contexto de creciente descontento entre las fuerzas policiales y una ola de críticas por promesas electorales no cumplidas, el Sindicato de la Guardia Republicana (UNI.POL.GR) ha lanzado una dura acusación contra el presidente Yamandú Orsi y su administración. Lo que se presentó como un “alivio económico” para los funcionarios policiales no es más que un reempaquetado de medidas existentes, que en realidad prolongan el endeudamiento de los agentes en lugar de ofrecer un verdadero apoyo. Esta situación pone en evidencia las grietas en la gestión del Frente Amplio, que asumió el poder hace poco más de un año con un discurso de respaldo a la seguridad pública, pero que hoy enfrenta reclamos por incumplimientos sistemáticos.
El compromiso firmado en Durazno: una promesa de campaña
Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando Yamandú Orsi, entonces candidato presidencial por el Frente Amplio, se reunió en Durazno con la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales. En ese encuentro, Orsi y su equipo de asesores presentaron un documento con 11 medidas clave para fortalecer la seguridad y respaldar a los efectivos. Entre los puntos destacados figuraba un préstamo “limpia sueldos” a través del Banco República, diseñado para consolidar las deudas de los policías, saldarlas y descontar cuotas de manera ordenada de sus salarios. El compromiso también incluía un aumento salarial, la creación de una Defensoría de la Policía y la incorporación de 2.000 nuevos agentes para reforzar la presencia en áreas críticas.
El documento, firmado el 4 de noviembre de 2024, fue celebrado por los sindicatos como un paso adelante en la protección de los derechos laborales de los policías. Orsi enfatizó en entrevistas posteriores que estas medidas eran prioritarias y que no representaban un “misterio” en su implementación, asegurando que se aprovecharían las escuelas policiales existentes y se reasignarían recursos presupuestarios si fuera necesario. Sin embargo, más de un año después de asumir la presidencia el 1 de marzo de 2025, estas promesas parecen haber quedado en el olvido.
Del “limpia sueldos” al “alivio económico”: un cambio de nombre sin sustancia
Recientemente, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Nicolás Negro, anunció una nueva medida bautizada como “alivio económico”. Según el gobierno, esta iniciativa permite a los policías renovar deudas hasta en 72 cuotas y refinanciar en 60, presentándolo como un beneficio ampliado. Pero para UNI.POL.GR, esto no es más que un disfraz para lo que ya existía: antes de esta “novedad”, los agentes podían refinanciar hasta 60 cuotas, incluso apelando extensiones. “Esto no es un alivio económico. Esto es más endeudamiento para el policía”, denunció el sindicato en una publicación reciente.
La crítica es contundente: en lugar de ofrecer una partida extraordinaria, una mejora salarial o un beneficio directo en los ingresos, la medida estira las deudas por más años, comprometiendo los salarios a largo plazo. “Con la dignidad del policía no se juega. No se puede vender endeudamiento como si fuera ayuda”, afirmó UNI.POL.GR, acusando directamente al presidente Orsi, al Ministerio del Interior y al ministro Negro de haber mentido. Lo más alarmante, según el sindicato, es que otros gremios policiales han salido a celebrar esta iniciativa en sus redes sociales, presentándola como un “gran logro” cuando en realidad perpetúa el ciclo de deuda.
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Esta no es la primera vez que se cuestiona el cumplimiento de las promesas de Orsi en materia de seguridad. En enero de 2026, el Sindicato Policial Nacional ya había calificado la gestión gubernamental como “muchas promesas, pocos avances”, recordando el compromiso firmado en 2024 y acusando al Ejecutivo de imponer medidas para favorecer a “amigos”. Además, la promesa de incorporar 2.000 nuevos policías “al día siguiente” de asumir ha sido otro punto de fricción. Críticos como el senador Andrés Ojeda del Partido Colorado han exigido literalidad en las declaraciones de Orsi, quien en noviembre de 2024 aseguró que la medida era prioritaria y factible.
El contexto de descontento generalizado
El reclamo de UNI.POL.GR se inscribe en un panorama más amplio de insatisfacción con el gobierno de Orsi. En los últimos meses han proliferado las denuncias por incumplimientos en diversas áreas. La delincuencia, lejos de disminuir, ha mostrado un aumento en homicidios, rapiñas y hurtos en los primeros 11 meses de gestión, según reportes independientes.
¿Qué sigue para los policías y la seguridad pública?
UNI.POL.GR ha dejado claro su postura: “Nuestro compromiso es decir la verdad, aunque incomode”. Este sindicato, fundado en 2023 y parte de la Coordinadora de Sindicatos Policiales del Uruguay, se posiciona como una voz disidente frente a otros gremios que, según ellos, han cedido ante el gobierno. La pregunta ahora es si esta denuncia impulsará un debate más amplio sobre el cumplimiento de promesas electorales o si quedará como otro capítulo en la creciente lista de descontentos.
Desde el gobierno no ha habido una respuesta oficial inmediata a estas acusaciones. Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio del Interior indican que se está trabajando en ajustes, aunque sin detalles concretos. Mientras tanto, los policías uruguayos siguen esperando un verdadero alivio, no solo en sus finanzas, sino en el respaldo real a su labor diaria.
En un país donde la seguridad fue un eje central de la campaña de 2024, el incumplimiento de compromisos como el “limpia sueldos” no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que pone en riesgo la moral de quienes velan por la paz ciudadana. El tiempo dirá si Orsi rectifica el rumbo o si estas grietas se convierten en abismos insalvables.
